El pasado 24 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el contrato de adjudicación que el Ministerio de Empleo ha otorgado a un total de 80 agencias de colocación.

Las agencias de colocación son entidades privadas cuya finalidad es hacer de nexo entre la oferta y demanda de trabajo. El funcionamiento de estas empresas es bien sencillo, mantienen una bolsa de empleo actualizada con datos de personas que están en búsqueda de empleo, y tratan de buscar ofertas entre empresas privadas con el fin de realizar procesos de selección a través de base de datos.

Hasta aquí, el funcionamiento de las agencias de colocación puede parecer muy similar al de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs), sin embargo la diferencia radica en la incapacidad de estas últimas para obtener beneficios de contratos más allá de los temporales, y por un tiempo limitado. Con esta nueva configuración, las ETTs pueden adoptar las funciones de agencia de colocación y obtener réditos de la contratación de trabajadores en cualquiera de las modalidades.

En definitiva, se puede considerar el fomento de las agencias de colocación como una política de empleo más, pero existen algunas comparaciones que llaman la atención respecto a esta decisión de apostar por la gestión público-privada.

En primer lugar, el contrato celebrado por el ministerio supone la inversión de 200 millones de euros en 2 años, que irán a parar a las arcas de estas empresas privadas. Si se hecha un vistazo a la publicación del BOE[1], se observa que entre las 80 entidades beneficiarias se encuentran las grandes ETTs, que no dejan escapar la oportunidad de participar de este reparto de millones.

En segundo lugar, a lo largo del territorio español existen las Agencias de Desarrollo Local (ADL), impulsadas como política activa de empleo por los mismos organismos públicos que ahora se decantan por las agencias de colocación. Estos ADL vienen desarrollando prácticamente en la totalidad de ayuntamientos el papel de agencias de colocación, constituyendo sus propias bolsas de empleo municipales y realizando cribas curriculares para empresas que así lo solicitaban. Por tanto, la estructura necesaria para ejercer la labor que en la actualidad realizarán las agencias de colocación existe en forma de agencias públicas; una muestra de ello es la reconversión de algunas de estas agencias públicas en privadas.

En tercer lugar, llama la atención la apuesta presupuestaria por esta política. Si atendemos a las memorias del SERVEF de 2012[2], últimas publicadas, los 200 millones equivalen a la inversión total durante 2 años y medio en políticas activas de empleo en toda la Comunidad Valenciana. La comparación se hace más llamativa si se analiza respecto a la inversión en la provincia de Valencia que, tras el descenso continuo desde el año 2010 en las partidas presupuestarias destinadas a este fin, supone hasta 4 años de financiación de políticas formativas, de fomento de empleo y emprendimiento e inserción laboral.

En definitiva, la medida muestra claramente la apuesta por la privatización de servicios sociales que se viene dando en los últimos años. El dogma sobre la ineficiencia de lo público se lleva a su máxima aplicación cuando se desestima utilizar unas estructuras públicas ya creadas y que vienen desarrollando la misma función por la que las arcas del Estado desembolsarán 200 millones. Unas medidas de fomento de empleo que, si bien son necesarias, podrían gestionarse de forma más responsable con el territorio. No se puede olvidar que estas políticas tendrán una influencia sobre la población y la administración más adecuada para su gestión debe ser aquella más próxima a ella.

 

[1] http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-B-2014-22605.pdf

[2] http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/c/document_library/get_file?uuid=04da7f8b-22a4-4e89-9297-2c930d145944&groupId=3316